Lobby empresarial sin control y falta de transparencia

La ley que regule la actividad de lobistas o la gestión de intereses es clave para hacer más transparente el ejercicio de la función pública.

Lobby empresarial sin control y falta de transparenciaIMAGEN ILUSTRATIVA / ARCHIVO
“Los grupos económicos más poderosos tienen recursos que otros grupos no tienen, por lo que no es raro encontrar grupos más influyentes que otros. Pero la clave es la transparencia. Si la sociedad y la opinión pública, cuando se enfrentan a la toma de decisiones, saben quién estuvo involucrado en el proceso, es relativamente fácil entender quién perdió y quién ganó”, estas son las reflexiones de Manoel Santos, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Minas Gerais, sobre el funcionamiento del lobby. Su país, Brasil, debate cómo instrumentar el control del lobby que en Argentina ya funciona y en Mendoza no.
Pero ya llegó a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales un proyecto presentado por el diputado Mario Vadillo (Ciudadanos por Mendoza) quien propone, para regular el lobby, modificar artículos de la ley 8993 sobre la responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Entre los cambios indica que “tendrán obligación de informar reuniones personales o virtuales, e incluir los datos de informes, estudios o documentos presentados a los funcionarios por los miembros solicitantes de la reunión o audiencia, con carácter de declaración jurada, en el portal web de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública (OIAYEP), conforme lo establece el artículo 27. En este supuesto será responsabilidad del funcionario mantener actualizada la información, así como su veracidad y completitud”.

Agrega que la OIAYEP deberá crear e implementar, dentro de las declaraciones juradas que ya existen, una declaración jurada que funcionará como registro público de agenda política, lobby o gestión de intereses, que deberá incluir en su portal web.

Por su parte la diputada Daniela García (UCR) también está estudiando el tema y se ocupó de recolectar los proyectos que buscaban regular la gestión de intereses, presentados en Mendoza en años anteriores, y que perdieron estado parlamentario; uno lo confeccionó Miguel Serralta (PJ) y otro Patricia Fadel (PJ). Avanzó también con el estudio comparado de legislación sobre lo que sucede en EEUU, Chile, Uruguay, Brasil, Perú y México con el lobby, en donde figuran las reflexiones de Santos.

García considera que debería existir un registro de lobistas para poder controlar mejor las reuniones concretadas e incluir ahí representantes de sindicatos, ONG, cámaras empresarias, etc. Entiende que cada funcionario debe publicar con quién se juntó y para qué, sin necesidad de que intervenga la oficina de Ética Pública. La diputada se debate entre aportar cambios sobre el proyecto de Vadillo o presentar uno nuevo.

En su estudio comparado se indica que el sistema político-institucional de EEUU favorece la incidencia e importancia del lobby. “En las campañas electorales de los miembros del Congreso (y no hace falta mencionar las campañas electorales presidenciales) el apoyo financiero de lobistas es indispensable”.

Con una ley que regule el lobby podríamos conocer las reuniones, los informes que presentan, qué proponen y qué hablan con funcionarios del Ministerio de Economía, entre otros, los representantes del Fondo Vitivinícola, Coviar y Unión Vitivinícola Argentina, las tres entidades controladas por el bodeguero José Zuccardi. También sabríamos con quién se juntan y qué proponen los gerentes de la constructora de Fernando Porreta, o de cualquier otra firma, con los funcionarios de Infraestructura. Sabríamos con qué empresas se reúnen funcionarios del ministerio de Salud por la infraestructura de frío que será necesaria para las vacunas contra el COVID-19, por dar ejemplos.

La ley que regule la actividad de lobistas o la gestión de intereses es clave para hacer más transparente el ejercicio de la función pública. También para que se conozcan los intereses de los privados y otras instituciones públicas como ONG y sindicatos, por ejemplo. Así también es bueno saber con quién se juntan y para qué los legisladores, intendentes, funcionarios y concejales municipales. Es una fuerte acción de transparencia que la política le debe a Mendoza.

FUENTE: DIARIO LOS ANDES

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