NUEVA LEY ORGÁNICA PARA EL TRIBUNAL DE CUENTAS

Buscaban dar mayores poderes a la figura del Presidente del Tribunal de Cuentas, como así también alterar el mecanismo de toma de decisiones dentro del órgano colegiado. Gracias a la oposición consensuada se pudo modernizar esta ley, sin otorgar superpoderes.

Para cerrar un año 2020 que ha sido totalmente atípico, tanto económica, social, y políticamente; nos encontramos que en un apuro de no menos de 10 días el Poder Ejecutivo buscó reformar la ley orgánica de uno de los órganos más importantes como es el Tribunal de Cuentas, el cual hace muy poco dirige el designado de Cornejo, Néstor Páres.

Esta nueva ley orgánica del Tribunal de Cuentas, es un despacho cargado de reformas, por ello consultamos a uno de los referentes de la oposición, Mario Vadillo del bloque Ciudadanos por Mendoza, que nos mencionó entre las modificaciones la creación de un Recurso de Reconsideración.

“Debe dudarse seriamente de la eficacia de este recurso que en la práctica es difícil que prospere ante el mismo tribunal que se expidió.” adelantó Vadillo, de Ciudadanos por Mendoza.

Haciendo hincapié en el recurso de Reconsideración que se ha pretendido instaurar en ésta modificación, Vadillo asegura que es superfluo, dado que al ser la misma autoridad que dictó el acto impugnado, normalmente habrá de ratificar su postura. Por ello asegura que ve en esto una herramienta dilatoria y permite el desbaratamiento de la condena por parte de los funcionarios condenados, dado qué mientras se tramita no se les puede cobrar de su sueldo de funcionarios.

“Creo que los casos como Sandes (DPV) y los otros secuaces, podrían con el recurso de Reconsideración prorrogar su condena por años y quedar incluso en sus cargos cobrando sus salarios abultados. Esto es inaudito y muy raro por lo que no podía acompañar en la votación”… sentenció Vadillo.

En este tratamiento express, el Diputado de Ciudadanos por Mendoza, asegura que las consultas y dudas que se quisieron saldar en plenario de comisiones, realizados a comienzo de diciembre, nunca fueron contestados.

El despacho final se hizo esperar hasta 30 minutos antes de la sesión de Diputados, pero llegó a buen puerto con los aportes realizados por la oposición, entre ellos los que Vadillo sumó al proyecto, como la la posibilidad de realizar denuncias ante este organismo en forma anónima.

“Requerimos que se agregue una herramienta para la lucha contra la corrupción como es qué se pudiese agregar ante las denuncias la posibilidad de hacer las mismas en forma anónima, ya que muchas personas o quizás los mismos funcionarios de organismos podrían hacer denuncias de irregularidades que conozcan sin ser perseguidos posteriormente, sufriendo la coacción de sus pares o superiores.”

 

Los poderes del artículo 11, quedaron en la nada

Ha sido fuertemente señalado el artículo 11, uno de los más afectados en esta modificación, ya que en el mismo se establecen las atribuciones que posee el presidente del Tribunal de Cuentas, Néstor Parés quien se encuentra hace muy poco en el cargo por designio del ex Gobernador Cornejo.

Ante esta modificación, Parés podía designar sin consulta alguna el lugar donde cada funcionario prestaría sus servicios, por ende, podría trasladar a donde el mismo dispusiere a cualquier funcionario, entendiéndose que podía utilizarse dicho “superpoder” como una fuerte herramienta de poder para toma de decisiones.

“En mi corta experiencia política, hemos detectado que lo que está sucediendo en el tribunal de cuentas es una copia de lo que sucedía con Cornejo y los puestos de poder, donde acomodaban a todos sus cercanos logrando un blindaje absoluto ante cualquier situación, poniendo a políticos de su partido en la Suprema Corte, Procuración, Ética Pública, tribunal electoral, EPRE, Epas, Emop, Defensor de personas con discapacidad, entre otros organismos de control ”..criticó Vadillo.

A último minuto, la oposición logró introducir una reforma que quitaba esta competencia al presidente del Tribunal y lo trasladó como una competencia directa del tribunal donde debiese realizarse por consenso general y por sobre todo justificadamente.

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